a. Antecedentes
En el año 2024, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (“Ley Amazónica”), la cual entró en vigor a través de su publicación en el Registro Oficial. Esta norma exige obligaciones tanto para compañías privadas como para las públicas que operan en las provincias de la región amazónica de Ecuador (en adelante “Circunscripción”) en ámbitos laborales, tributarios, ambientales, y otras.
La reforma a la Ley Amazónica surgió en un contexto en el que la región amazónica ecuatoriana estaba siendo objeto de especial atención desde una perspectiva ambiental, económica y social.
b. Generalidades
1) Ámbito laboral
La Ley Amazónica aumentó el porcentaje de empleo preferente en diez puntos porcentuales. Antes de la reforma a la Ley Amazónica, se disponía que las compañías con actividades en la Circunscripción debían contratar a residentes de la Circunscripción en no menos del 70% para que ejecute actividades dentro de la Circunscripción. Ahora, la norma dicta que las compañías deberán contratar a residentes permanentes en no menos del 80% de sus nóminas para la ejecución de actividades dentro de la Circunscripción, siempre con la excepción de aquellas actividades para las que no exista mano de obra calificada requerida en la misma. Además, la normativa actual reforma los requisitos para verificar la residencia amazónica de las personas a ser contratadas. Igualmente, la Ley Amazónica dispone que el Ministerio de Trabajo fije una tabla salarial para los trabajadores del sector hidrocarburífero de la Circunscripción.
2) Ámbito tributario
La Ley Amazónica eliminó la posibilidad de fijar domicilios tributarios especiales a compañías que sus actividades económicas se realicen dentro de la Circunscripción. Es más, se puntualizó que el domicilio tributario de estas compañías será habilitante para poder operar en la jurisdicción territorial amazónica.
3) Ámbito ambiental
La Ley Amazónica prohíbe la combustión al aire libre del gas asociado y natural bajo la modalidad de mecheros, que ponen en riesgo a las comunidades y los ecosistemas. Las compañías estarán sujetas a lo que disponga el reglamento de la Ley Amazónica y al Reglamento para el Aprovechamiento de Gas Asociado.
Además, entre las principales disposiciones de la Ley Amazónica se recoge que toda persona natural o jurídica que ejecute actividades que afecten el equilibrio ecológico y ambiental de la Circunscripción, tiene la obligación de reparar integralmente los ecosistemas, compensar e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. Sin embargo, no es claro el alcance del “equilibrio ecológico y ambiental”, lo cual debe ser desarrollado en el respectivo reglamento.
4) Nuevas obligaciones de cumplimiento
Las compañías en la Circunscripción deben considerar que la Ley Amazónica impone nuevas obligaciones documentales que deberán presentar a la autoridad. Por ejemplo, deberán demostrar documentadamente, que cuentan con los estándares técnicos óptimos, de calidad, salud y seguridad ocupacional, ambiente y buenas prácticas empresariales exigibles en la legislación nacional vigente y, a su vez, exigir a sus proveedores los mismos requisitos.
También se incorpora que las instituciones que ejecuten alguna actividad en la Circunscripción deberán obligatoriamente contratar o subcontratar bienes o servicios en la zona con prelación local, cantonal, provincial o regional.
c. Oportunidades de Desarrollo Sostenible
La Ley Amazónica enfatiza la necesidad de adoptar prácticas de desarrollo sostenible que respeten la biodiversidad y los ecosistemas únicos de la Circunscripción. Además, incorpora incentivos para atraer inversiones responsables que contribuyan al desarrollo sostenible. Por ejemplo, manda que el Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados establezcan incentivos financieros y no financieros, para actividades económicas sostenibles, especialmente con especies de flora y fauna amazónicas.
d. Desafíos
Las compañías privadas que operan en la Circunscripción se enfrentan a algunos desafíos legales derivados de la Ley Amazónica.
En primer lugar, deben cumplir con las regulaciones ambientales diseñadas para proteger la biodiversidad y los ecosistemas frágiles de la región. Esto implica analizar y tener un alcance claro de la normativa en cuanto a la prohibición de mecheros que pongan en riesgo a la población de las comunidades y los ecosistemas. A raíz de eso, se deberán tomar las medidas necesarias por cada compañía para dar cumplimiento a la norma. Además, las compañías deben adherirse a la prohibición de almacenar y despachar desechos peligrosos en la Circunscripción que puedan poner en riesgo la salud física de las personas o que puedan causar un daño irreparable al ambiente.
En segundo lugar, otro desafío legal significativo es la obligación de cumplir con las normativas laborales y sociales específicas de la región amazónica, que buscan garantizar el empleo preferente y la inclusión de Pueblos y Nacionalidades Indígenas. En ese sentido, la falta de claridad en la implementación de las nuevas disposiciones sobre el orden de prelación de las contrataciones para que se cumpla con el 80% de residentes permanentes, podrían traer inconvenientes.
En tercer lugar, debe existir una mejor determinación normativa respecto a la contratación de bienes o servicios en la zona con prelación local, cantonal, provincial o regional. A pesar de que las compañías están en espera de la emisión del reglamento a la Ley Amazónica que podrá desarrollar (y debería clarificar) estos asuntos, sería un cambio importante que las compañías deberán incorporar, que podría requerir la contratación de nuevos proveedores.
e. Conclusión
Para adaptarse a las reformas de la Ley Amazónica y superar los desafíos legales, las compañías deben ajustar sus estrategias de planificación, desarrollo y crecimiento de diversas maneras. Es fundamental que adquieran un profundo conocimiento y comprensión de la normativa vigente en la Circunscripción. Esto puede lograrse mediante la contratación de asesores legales especializados y la realización periódica de auditorías de cumplimiento normativo. Estas acciones permitirán identificar el nivel de cumplimiento actual de la compañía y determinar las medidas necesarias para alinearse con las nuevas disposiciones legales. Una revisión adecuada y oportuna de las obligaciones ayudará a prevenir la imposición de sanciones establecidas en la Ley Amazónica
Autores:
Rafael Valdivieso
SOCIO
Rafael Valdivieso, socio en BUSTAMANTE FABARA, se especializa en asesorar a empresas de petróleo y gas, mineras y al sector eléctrico, facilitando inversiones con estructuras legales sólidas. Es experto en contratos para las industrias petrolera y minera, estructuración corporativa, financiamiento de proyectos, acuerdos operativos, y fusiones y adquisiciones locales y transfronterizas.
Con experiencia en Ecuador y la región, ha sido reconocido por su liderazgo en Energía y Recursos Naturales. También ha desempeñado roles clave en la Asociación de Negociadores Internacionales de Energía(AIEN) y cuenta con una sólida formación en Derecho Administrativo y regulación de telecomunicaciones, destacándose en transacciones estratégicas complejas.
Gustavo Almeida
ASOCIADO SÉNIOR
Gustavo Almeida Oleas, asociado sénior en Bustamante Fabara, asesora a empresas nacionales e internacionales en regulación de minería, petróleo y gas, energía, derecho ambiental y concesiones. Cuenta con amplia experiencia en todas las fases de la industria de oil & gas, habiendo trabajado como abogado en la mayor empresa de exploración y explotación de petróleo de Ecuador. También ha participado en la estructuración de proyectos mineros y energéticos, incluyendo licitaciones y generación eléctrica.
Analía Andrade
ASOCIADA
Analía Andrade de Piérola, asociada en BUSTAMANTE FABARA, es parte del equipo de energía y recursos naturales no renovables. Graduada con honores de la Universidad San Francisco de Quito, Analía ha asesorado legalmente a empresas nacionales e internacionales en la industria energética, hidrocarburífera y minería. Durante sus estudios, integró el Centro de Arbitraje y Mediación, fue asistente editorial en la revista Iuris Dictio y miembro del Club de Debate. Tiene experiencia en el ámbito regulatorio y ambiental, ha trabajado para grandes transacciones a nivel hidrocarburífero y ha apoyado al desarrollo legal y estratégico de proyectos de energía renovable, brindando asesoría a grandes compañías en sistemas de autogeneración y autoabastecimiento. Analía es una profesional versátil y comprometida en áreas clave del sector energético.